Aunque la organización las califica de "positivas", cree que su redacción "sigue siendo poco clara y que su indefinición abocará a la resolución de los conflictos en los tribunales, para que una vez más sean los jueces los que decidan cómo han de interpretarse, recargando el trabajo de los juzgados y dejando en clara desventaja a los más vulnerables".
En concreto, sobre la cancelación de los viajes contratados y la consecuente entrega de un bono con vigencia de un año, cree que se trata de una medida "injusta" que limita el derecho de los consumidores a recuperar el dinero pagado por los viajes que no se van a producir.