La ley de emergencia económica que acaba de aprobarse en Argentina implicará una mejora en las deficitarias cuentas públicas de la tercera economía latinoamericana, un elemento que resultará clave en la negociación que el país se apresta a iniciar con los acreedores de su deuda soberana.
La denominada "ley de solidaridad y reactivación productiva", que entró en vigor el pasado lunes, incluye una batería de múltiples medidas con las que el nuevo Gobierno de Alberto Fernández promete reordenar la economía, en recesión desde abril de 2018.
La norma tiene un claro objetivo de apuntalar el frente fiscal, aunque en un contexto social delicado, con una tasa de pobreza que ronda el 40 %, la mejora no vendrá por un recorte en los gastos del sector público sino por un aumento en los ingresos.
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