2021 fue uno de los mejores años de la industria tecnológica en volumen de negocio y valoración de sus empresas. La incertidumbre pandémica se había reducido respecto al caótico 2020, pero el control del virus seguía aconsejando la reducción de los desplazamientos y el teletrabajo. La economía traccionaba con motor digital y el sector tecnológico lo aprovechó con una gran expansión apoyada en decenas de miles de contrataciones. Una fiesta a la que le ha sucedido una notable resaca en 2022: más de 150.000 despidos y una caída del 35% del Nasdaq, el índice de Wall Street correspondiente a compañías tecnológicas.

Hace un año, ni los más optimistas con la reforma laboral esperaban los primeros resultados que está dejando la norma. El Gobierno se propuso, con los sindicatos y la patronal, enfrentar uno de los mayores retos del mercado de trabajo en España: el enorme peso del trabajo temporal y, además, con gran presencia de contratos ultracortos. A la cabeza en la UE y a gran distancia de muchos de nuestros colegas europeos, ninguna reforma había logrado poner coto a esta forma de precariedad que parecía endémica e inevitable.

El Gobierno ha despedido este martes el año político con su último Consejo de Ministros de 2022. La principal medida de esta reunión semanal del Ejecutivo ha sido el anuncio del esperado nuevo paquete de medidas económicas frente a la crisis provocada por la inflación. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el encargado de anunciar las ayudas que entrarán en vigor este domingo, 1 de enero, y que en su mayoría se prolongarán hasta el 30 de junio.

Diciembre de 2025. Esta es la nueva fecha que se marca el Gobierno para que el Estado desinvierta en CaixaBank. Se trata de una nueva prórroga del plazo para salir del sector financiero, siendo una de las escasas vías pendientes que tiene el Estado para recuperar una parte de las ayudas económicas que se dieron durante el rescate de hace una década. El FROB, vehículo de participación pública, tiene algo más del 17,3% de los títulos de la entidad catalana, siendo su segundo accionista. El Consejo de Ministros ha ampliado en la reunión de este martes el plazo legal que se marca para la desinversión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han alcanzado un acuerdo para incluir en el decreto de medidas anticrisis la congelación del precio de los alquileres en la renovación de los contratos, según ha adelantado El País y ha podido confirmar este diario. La medida afectará a los alquileres que venzan en la primera mitad del año y tendrá una duración de seis meses a partir de la finalización del contrato. Además, se ha incluido un cheque con un pago único de 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros al año y un patrimonio que no supere los 75.000 euros (sin contar la vivienda habitual).

En el anterior artículo señalábamos cómo el PIB por la vía de las rentas está siendo mal estimado. Unas inconsistencias parecidas se pueden observar en el PIB por el lado de la producción. Un análisis detallado de estos registros muestra que las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) no siguen una lógica consistente con el efecto económico que cabría esperar de la pandemia de la COVID-19. En este artículo analizaremos con más detalle los defectos más visibles en las cifras del PIB y, en particular, cómo la lenta recuperación de la economía española en 2021 se debe a claras anomalías en sectores poco sospechosos de haber quedado afectados por las restricciones.

Los indicadores sobre vivienda parecen vivir en una realidad paralela. No les afecta -o no, de momento- ni la inflación, ni la subida de los tipos de interés. Dos ejemplos. En octubre el número de hipotecas sobre inmuebles aumentó un 13%, hasta más de 41.000 préstamos. Es la cifra más alta en un mes de octubre de los últimos 13 años, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En paralelo, Barcelona disparó el precio de sus alquileres durante el tercer trimestre del año hasta su máximo histórico, por encima de los 1.066 euros mensuales.

Deuda conjunta, ayudas públicas, intervención del mercado con el tope al precio del gas, excepción ibérica, límites a los súper beneficios de las energéticas, reforma del mercado eléctrico y rechazo a las bajadas de impuestos: la Unión Europea no deja de caminar, a veces con pasos más rápidos y otras veces arrastrando los pies, en la deconstrucción de los principales elementos del andamiaje político y económico neoliberal que ha ido dominando el sentido común de las instituciones europeas. España ha liderado este viaje a un recetario económico menos ortodoxo.

Los cauces del transporte marítimo de mercancías, por donde fluyen el 80% de los intercambios de bienes y productos de la logística internacional, empiezan a retornar a una normalidad. No alcanza aún el equilibrio previo a la crisis sanitaria y al colapso, en abril de 2020, del megacarguero Ever Given en el Canal de Suez. Este canal es el choke-point o atajo transoceánico por la que transita el 12% del comercio mundial y se convirtió el origen de los cuellos de botella comerciales que catapultaron las tarifas de los contenedores mercantes.

2022 será recordado por el inicio de la mayor crisis energética desde los años 70, con un desenlace todavía incierto, como consecuencia de la guerra en Ucrania. El cataclismo ha dejado al descubierto las costuras de la política de Alemania y su adicción al gas ruso. España lo ha capeado en mejor posición que la mayoría de países europeos, gracias a una red de regasificadoras única en la UE y a la intervención del mercado eléctrico a través de la excepción ibérica.

2021 ya fue un año loco en el mercado de la energía, con casi una treintena de récords históricos del precio de la luz que palidecen en comparación con los valores que se llegaron a alcanzar en marzo.