El rey Juan Carlos I se enfrentaría a sanciones que alcanzarían un máximo de entre 6,7 millones de euros y 27 si se le hubiera abierto expediente por los fraudes a Hacienda que ha podido regularizar hasta ahora y fuera multado por ello.
La horquilla varía notablemente, en función de si el procedimiento se dirimiera en la vía administrativa, que el monarca ya habría neutralizado con las dos regularizaciones de los últimos meses, o acabara en el ámbito penal.