292 millones de euros en subvenciones del Gobierno español, bonus millonarios para el “personal clave” y subida del sueldo del 75% para la cúpula en 2023, con dos de sus tres principales ejecutivos afincados en Andorra.

Son datos que retratan a Avatel, consolidada en poco tiempo como quinto operador del sector de las telecomunicaciones en España y líder en el segmento rural.

Javier está empleado en una gran tecnológica del Ibex 35, donde trabajaba como ejecutivo de cuentas. Cada mañana, se despertaba con el teléfono lleno de notificaciones. Las noches eran cortas, porque esa hiperconexión le perseguía hasta altas horas. Un viernes, que podría haber sido cualquier otro día, la jornada arrancó especialmente mal. “Todo era un horror y empecé a tirar cosas contra las paredes. Tuve la pequeña lucidez de ir a mi médica y, aunque mi idea era que me diera medicación para seguir trabajando, ella me impidió salir de la consulta y me dio la baja”, recuerda.

La suerte está echada. Que la globalización sobreviva tal y como fue concebida en 1995, cuando la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibió su acta de nacimiento parece una quimera. La nueva Guerra Fría, el término que se ha acuñado desde que la Administración Trump iniciase las hostilidades arancelarias hacia China y desempolvara el proteccionismo, ha lesionado la libertad de circulación de bienes, servicios y capitales y descubierto el riesgo de una fragmentación de mercados.

Con muchos años de retraso, España recorre ya los últimos pasos para tejer su propia red de protección a los informantes de corrupción o irregularidades. El Gobierno ultima la creación del organismo regulador independiente que velará para que estas personas no sufran represalias de aquellos a los que señalan, así como que las empresas e instituciones públicas tengan buzones de denuncia anónimos, seguros y efectivos.

El estatuto que regula las funciones y creación de este organismo, denominado Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante, se aprobará a través de un Real Decreto que se está tramitando por la vía administrativa urgente.

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha asegurado que su reunión de este sábado con empresarios españoles ha ido “fabulosa”, en la segunda jornada de un viaje a Madrid para participar el domingo en un acto con líderes internacionales de extrema derecha. En el encuentro han participado altos directivos de empresas españolas con presencia en Argentina como Telefónica, Santander, BBVA o Mapfre, entre otras.

El encuentro ha tenido lugar a puerta cerrada en la sede de la embajada de Argentina en Madrid y forma parte de la visita del mandatario a Madrid, a donde llegó este viernes para participar el domingo en la convención Europa Viva 24, un evento que reunirá a dirigentes de Vox y figuras relevantes de su espacio político como Marine Le Pen.

El sector bancario español va a convivir con un elefante en la habitación durante, al menos, medio año. La oferta de compra (opa) hostil de BBVA sobre Sabadell va a durar meses, entre seis y ocho, como mínimo, según reconoció la entidad presidida por Carlos Torres. Un periodo durante el que las entidades implicadas podrán operar con una normalidad relativa, porque habrá cosas que no podrán hacer y otras que tendrán que realizar si quieren convencer a los inversores, a los accionistas del Sabadell, para que se muevan a un lado u a otro.

La última Encuesta Financiera a las Familias (EFF) del Banco de España, publicada esta misma semana, ha incendiado el debate sobre la brecha económica generacional en nuestro país. El sondeo de la institución ha evidenciado que los más jóvenes ya no tienen capacidad ni para hipotecarse, y que los más mayores no paran de aumentar su riqueza neta. Los enemigos de las pensiones públicas han corrido a culpar al Gobierno de coalición por garantizar el poder adquisitivo de los jubilados en los últimos años, revalorizando sus ingresos anuales según el IPC (Índice de Precios de Consumo, que mide la inflación).

El juicio por el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato ha quedado visto para sentencia este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid. El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) ha utilizado su derecho a la última palabra para señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de la causa en la se expone a una condena a más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia.

La tasa de inflación de la zona euro se situó en abril en el 2,4% interanual, en línea con la subida de los precios observada en marzo, mientras que la del conjunto de la Unión Europea (UE) repitió en el 2,6%, según la segunda lectura del dato publicada este viernes por la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.

Este dato viene da poner más presión sobre la decisión de bajar los tipos de interés del Banco Central Europeo.

Sumar ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para garantizar los derechos de las personas trabajadoras en los procesos de deslocalización. En su escrito, el grupo parlamentario plurinacional reclama que las empresas que se sometan a estos procesos, que “tienen como efectos directos en nuestro país la desinversión y el cierre de centros productivos”, no puedan acogerse a despidos colectivos y extinciones de contratos por causas objetivas, que suponen condiciones más ventajosas para las empresas en cuanto a indemnizaciones a los y las trabajadoras.