La temporalidad abusiva en la Administración Pública está reconocida oficialmente. Miles de personas ocupan puestos temporales que en realidad son estructurales, en ocasiones durante años. El Gobierno se propone abordar este problema enquistado durante años por dos vías: con oposiciones que acaben con la temporalidad existente y con una reforma legal que evite que esta se vuelva a reproducir en el futuro. Función Pública ha presentado a los sindicatos su primera propuesta de cambios legislativos, que contempla exigir responsabilidades dentro de la Administración por este abuso laboral, así como otras medidas de sanción más polémicas que no convencen a los representantes de los empleados públicos.