Hace exactamente 15 meses, el 22 de septiembre de 2021, las vicepresidentas Nadia Calviño y Teresa Ribera enviaron un non-paper (un documento de posición) a Bruselas: insistían en la necesidad de reformar el mercado mayorista de electricidad y proponían la creación de una plataforma centralizada de compra de gas como forma de reducir la dependencia de la UE a través de la creación de reservas. 

“Hemos pedido a la Comisión Europea que sea audaz en la respuesta”, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 6 de octubre de 2021 a su llegada a la cumbre UE-Balcanes en Eslovenia: “Estamos ante una crisis sin precedentes, que necesita de medidas extraordinarias, innovadoras, contundentes por parte de la UE para poder contener este alza de los precios de la electricidad.

Hace casi 30 años, los economistas David Card y Alan Krueger desmontaron la doctrina económica imperante sobre el salario mínimo. En una investigación de 1994 concluyeron que el aumento del salario mínimo no siempre destruye empleo y que, de hecho, cuando lo hace parece tener efectos negativos bastante limitados. Desde entonces ha llovido mucho, estos dos economistas ganaron el Premio Nobel por sus aportaciones y, aunque algunas voces insisten en demonizar la medida como gran destructora de puestos de trabajo, cada vez son las menos.

Esta legislatura está siendo una de las más intensas en cuanto a cambios en la normativa laboral. Y no solo por la reforma aprobada a principios de año: hojas de registro de la jornada laboral, los ERTE, nuevas condiciones para las empleadas de hogar, la posibilidad de una semana laboral de cuatro días…

Le hemos preguntado por estas y otras cuestiones al director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Castilla-La Mancha. Juan Díaz Rokiski vive en Toledo desde los seis años.

Acuerdo. Después de 12 reuniones de ministros de Energía en los últimos meses. Y 15 meses después de que el Gobierno español pidiera, por carta, un tope al precio del gas. Acuerdo con Alemania, pero a regañadientes, porque nunca vio con buenos ojos un mecanismo que, según Berlín, arriesga el suministro, algo que también ha trasladado Países Bajos. Y Alemania, como tiene dinero, está dispuesta a pagar más caro que los demás. Al final, Países Bajos se ha abstenido junto con Austria; Hungría ha votado en contra –siempre temerosa de desairar al Kremlin– y el resto, incluido Alemania, han votado a favor.

El Euribor ha superado este lunes el 3% por primera vez desde diciembre de 2008. El principal índice de referencia para las hipotecas en la eurozona adelanta así las expectativas de más subidas de los tipos de interés oficiales.

El Banco Central Europeo (BCE) llevó el 'precio' del dinero hasta el 2,5% el pasado jueves. Y su presidenta, Christine Lagarde, anunció más aumentos en los próximos meses, a un ritmo de 0,5 puntos al menos en las reuniones previstas en febrero y en marzo del consejo de gobierno de la institución.

La Comisión Asesora para el análisis del salario mínimo adscrita al Ministerio de Trabajo propone subidas del SMI para situarlo entre los 1.046 a los 1.082 euros brutos al mes en 2023, es decir aumentos del 4,6% al 8,2% desde los actuales 1.000 euros brutos. En esta franja calculan que se sitúa la meta del 60% del salario medio donde el Gobierno de coalición se comprometió a llevar el SMI al final de la legislatura, siguiendo la recomendación de la Carta Social Europea. Además, los expertos concluyen que el SMI es una herramienta útil para combatir la pobreza y desigualdad, como ha explicado este lunes la relatora del órgano, Inmaculada Cebrián López.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas reprende a España por vulnerar el derecho a la vivienda de una familia que ocupó un inmueble propiedad de BBVA. "El Estado parte tiene la obligación de proporcionar a los autores y sus hijos una reparación efectiva", constata el dictamen.

El caso analizado por el Comité de la ONU afecta a Josefa y a Ricardo que acudieron al organismo internacional al entender que las diferentes órdenes de desalojo sobre ellos y sus dos hijas -aunque este no se materializó- habían constituido una violación de sus derechos, en virtud del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc).

Como señalamos en nuestro primer artículo, el PIB está dando señales equivocadas en los últimos años. Una forma de comprobarlo es partir de la renta. En este enfoque el PIB se obtiene como suma de los ingresos que generan trabajadores y empresas en la producción económica, más los impuestos indirectos netos. De acuerdo con las series oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta de ambos se ha visto mermada en estos dos años de pandemia, pero el efecto habría sido mayor en el caso de las rentas empresariales.

Los empresarios no tiran la toalla contra el mayor control anunciado sobre las causas de los despidos colectivos (ERE). La medida aún debe pasar por el pleno del Congreso de los Diputados y después por el Senado. Con la mirada puesta en este camino legislativo, sobre todo en la Cámara Alta, las patronales están trabajando para que el cambio decaiga, según fuentes patronales.

"A ver qué pasa en el Senado", deslizan desde las organizaciones empresariales, donde se reconoce que hay un intenso trabajo con fuerzas parlamentarias para que la medida no salga adelante.

El Gobierno se abre a dejar en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la decisión de prohibir presentarse a concursos públicos a las empresas sancionadas por este organismo por falsear la competencia. 

El Ejecutivo reconoce ya esa posibilidad en una reciente respuesta parlamentaria. En ella recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha respaldado que el súperregulador pueda acordar los términos de las prohibiciones en sus resoluciones, como ha propuesto la CNMC. Recuerda que "la prohibición de contratar no es ejecutiva, y por lo tanto no se puede aplicar hasta que se determine su alcance y duración" en la correspondiente resolución, "administrativa o judicial".