Las apuestas online volvieron a batir récords en España en 2020, el año en el que la pandemia vació los estadios de fútbol y suspendió las competiciones deportivas durante tres meses por el confinamiento.

El Análisis del perfil del jugador online 2020 que acaba de publicar el Ministerio de Consumo recoge que el gasto medio por jugador online en España se incrementó un 18% en 2020 con respecto a 2019 y superó por primera vez los 50 euros mensuales.

En concreto, el gasto medio alcanzó los 608 euros anuales, que equivalen a 50,64 euros mensuales (11,69 euros por semana), lo que prácticamente triplica la cifra de hace un lustro si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las estadísticas de Consumo, en 2016 el gasto medio anual por jugador fue de 312 euros.

La Ley de trabajo a distancia (o teletrabajo) ya va camino del Senado, tras ser aprobada por el Congreso este martes, y lo hace con una importante novedad. El Proyecto de Ley que ha dado luz verde la comisión parlamentaria de Trabajo incluye una enmienda que actualiza las sanciones de la Inspección de Trabajo. Las cuantías de las multas no se revisaban desde 2007. La enmienda, presentada por PSOE y Unidas Podemos, aumenta las sanciones un 20%, hasta un máximo de 983.736 euros.

El sector inmobiliario ha asumido que en los próximos años aumentará el número de inquilinos en España y se ha lanzado a invertir en productos orientados al alquiler. Este segmento —denominado multifamily y dentro del que se encuentran las residencias de estudiantes o de mayores— fue el que lideró la inversión inmobiliaria en España en 2020, con 2.600 millones de euros, el 28% del total.

Según el último informe del mercado residencial de la consultora CBRE, el año pasado se invirtieron 1.404 millones en proyectos build to rent (construir para alquilar), 904 millones en residencias de estudiantes y 309 en otras operaciones destinadas al arrendamiento (que en la jerga del sector se agrupan bajo la etiqueta private rented sector, sector privado del alquiler).

Tras varios meses encallada en el Congreso, el Gobierno ha logrado sacar adelante la ley contra el fraude fiscal. Esta norma es uno de los pilares importantes del plan de recuperación que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, dentro de los apartados que corresponden al Ministerio de Hacienda. Con esta norma se busca reducir las vías de escape del sistema que reducen la recaudación fiscal del Estado y afecta a multitud de vehículos como las socimis o las sicav o limita los pagos que se realizan en efectivo, entre otras reformas que trae consigo.

Los empresarios dicen "no" a la última propuesta de prórroga de los ERTE que envió la Seguridad Social a los agentes sociales. Con este rechazo, el Gobierno no ha llevado la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo al Consejo de Ministros de este martes, sin el respaldo de los agentes sociales, y seguirá negociando en los próximos días. El actual mecanismo de ERTE está vigente hasta el próximo lunes, 31 de mayo, por lo que el Ejecutivo tendrá que convocar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar la prórroga antes de que caduquen.

El Ejecutivo ha acordado nuevamente prorrogar los plazos para solicitar (9 de agosto) y formalizar (9 de septiembre) los préstamos avalados por el Estado para hacer frente al alquiler de la vivienda habitual en los hogares que se encuentren en una situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia de coronavirus.

Esta decisión se ha adoptado atendiendo a la evolución actual de la pandemia, a la vulnerabilidad que esta pueda generar en los arrendatarios de una vivienda habitual, a su "más o menos" incierta proyección en los próximos meses y en coordinación con la finalización del estado de alarma, según se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, principales accionistas de los laboratorios Almirall y destacados beneficiarios de la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno del PP en 2012, han recibido más de 63 millones de euros en avales del Estado para créditos contraídos el año pasado por distintas sociedades de su grupo de sanidad privada, Vithas, el mayor de capital español.

Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, entre abril y diciembre de 2020 tres sociedades de Vithas, propiedad de ambos multimillonarios, se han acogido a la línea extraordinaria de préstamos garantizados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Gobierno aprobó en marzo de 2020, nada más estallar la pandemia, para garantizar liquidez para las empresas.

El estallido de las criptomonedas ha llegado finalmente en 2021. El activo que habitualmente se toma de referencia, el Bitcoin, no dejó de crecer desde el comienzo del año y llegó a duplicar su valor en las primeras semanas de este curso. Sin embargo, víctima de la propia volatilidad y de la especulación que han aupado a estos activos, en un solo mes ha perdido casi la mitad de su valor. Elon Musk, fundador de Tesla, y las nuevas restricciones en China han provocado un desplome de su valor, constatando las advertencias sobre los riesgos de inversión en estos activos que han lanzado distintos supervisores, también en España.

Incertidumbre sobre la prórroga de los ERTE más allá del 31 de mayo. La reunión del diálogo social para intentar llegar a un acuerdo sobre su extensión hasta el 30 de septiembre ha terminado poco antes de las ocho de la tarde de este lunes sin acuerdo, por las ayudas a la cotización de las empresas, y sin la seguridad de qué va a hacer el Gobierno. La extensión de los ERTE está garantizada, ya que el Ejecutivo ha insistido en que no va a dejar caer este mecanismo, pero no se sabe aún en qué términos ni si el Gobierno ampliará la negociación a lo largo de esta semana o si llevará la prórroga mañana al Consejo de Ministros sin acuerdo en el diálogo social.

Glovo obstruyó la labor de la Inspección de Trabajo en su investigación del modelo laboral en la provincia de Vizcaya, que concluyó como muchas otras que sus repartidores eran falsos autónomos. Así lo constata la Audiencia Nacional, en una sentencia contra la que no cabe recurso, que ha consultado elDiario.es y ha adelantado Cinco Días. "La conducta que se declara probada en el relato de hechos de esta sentencia, comporta una clara voluntad de los responsables de la empresa demandante de obstruir la actuación inspectora", recoge el fallo.