Las deudas con la Hacienda Pública inferiores a tres euros a 1 de junio de 2022 quedarán anuladas y dadas de baja de la contabilidad, según una resolución conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de la Agencia Tributaria, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la citada resolución, que será de aplicación a los quince días siguientes a su publicación en el BOE, se acuerda la anulación y se dan de baja en contabilidad todas aquellas liquidaciones en las que resulte una deuda pendiente de recaudar por un importe inferior a tres euros, respecto de las que no se va a continuar la gestión recaudatoria por motivos "estrictamente económicos", dado que su cuantía resulta "insuficiente" para la cobertura del coste que representa su recaudación.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que el Gobierno se plantea circunscribir el descuento a los carburantes al ámbito profesional en 2023.

Calviño ha respondido a los numerosas críticas a esta bonificación generalizada para aliviar el daño de la escalada del petróleo en los mercados internacionales. Según ha sugerido, el Ejecutivo tiene que estudiar para el próximo año solo si se dirigiría al sector, para paliar el golpe a sus costes.

La plataforma de transportistas en paro indefinido desde este lunes 14 de noviembre ha suspendido la movilización que, a diferencia de lo ocurrido en marzo, no ha tenido una alta repercusión.

La Plataforma Nacional Defensa Sector del Transporte, única convocante frente al rechazo de las principales patronales y otras organizaciones del sector, asegura que este martes se ha encontrado "con una persecución, acoso y coacciones inconcebibles por parte de distintas autoridades, donde no se está respetando el derecho a paro", aseguran a través de un comunicado.

En esa línea, afirma que "desde el mismo momento que se realizó la convocatoria de paro, dio comienzo una campaña sin descanso de acoso y derribo por parte de cargadores, asociaciones del comité nacional de transporte, sindicatos gubernamentales, algunos medios de comunicación y una parte concreta política, para intentar desacreditar intencionadamente todo lo posible y lo imposible las movilizaciones anunciadas por Plataforma".

6,7 millones de hogares (14,3% del total) se vieron en 2021, ya antes de la guerra en Ucrania y cuando comenzó la actual crisis energética, en la situación de no poder mantener una temperatura adecuada en sus casas. Es un incremento de casi cuatro puntos respecto a 2020 (1,6 millones de personas más), supone que prácticamente el doble de hogares están en esa situación respecto a 2019 y "un dato muy preocupante", según el Informe de Indicadores de Pobreza Energética en España en 2021 presentado este martes por la Universidad Pontificia Comillas.

El PIB ha crecido un 0,2% en el tercer trimestre de este año en la eurozona. Lo mismo que ha aumentado el empleo, otro 0,2%, según los datos publicados este martes por Eurostat, la oficina estadística de la UE.

Así, en el tercer trimestre de 2022, el PIB desestacionalizado aumentó un 0,2% tanto en la zona del euro como en la UE a 27, en comparación con el trimestre anterior, según una estimación preliminar publicada por Eurostat. En el segundo trimestre de 2022, el PIB había crecido un 0,8 % en la zona del euro y un 0,7 % en la UE.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha bajado un 0,6% por ciento en Castilla-La Mancha en el mes de octubre con respecto al mes anterior, pero la región sigue siendo la más inflacionista al contabilizar los precios un incremento del 8,6% respecto al año anterior, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

A nivel nacional, el IPC aumentó tres décimas en octubre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 7,3%, su cifra más baja desde enero, justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,6% por ciento en Castilla-La Mancha en el mes de octubre con respecto al mes anterior y la región sigue siendo la más inflacionista al contabilizar los precios un incremento del 8,6% respecto al año anterior, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

En lo que va de año, el IPC ha registrado en la Comunidad Autónoma una subida de los precios del 7,1%.

A nivel nacional, el IPC aumentó tres décimas en octubre en relación al mes anterior y recortó de golpe su tasa interanual 1,6 puntos, hasta el 7,3%, su cifra más baja desde enero, justo antes de declararse la guerra en Ucrania, cuando el IPC se situó en el 6,1%.

El IPC (Índice de Precios de Consumo) se moderó en octubre por tercer mes consecutivo, al 7,3% respecto al mismo mes del año pasado, según el dato confirmado este martes por el INE (Instituto nacional de estadística). "España crece, crea empleo y reduce la inflación", defienden desde el Gobierno.

Si los carburantes dieron un respiro en septiembre, el mes pasado fueron las caídas del gas y de la electricidad los principales responsables de la bajada del IPC, exactamente de 1,6 puntos. Principalmente, por el efecto del "mecanismo ibérico", según inciden en el Ejecutivo, y al no quedar más espacio para almacenar más gas mientras que no llegaba el frío.

Descartado un único almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos de alta actividad, el Gobierno ha propuesto repartir la basura atómica en siete emplazamientos como solución temporal hasta enterrarlos dentro de unos 50 años en un almacenamiento geológico profundo (AGP). Este lunes, los presidentes de la empresa pública que gestiona los residuos, Enresa, y del Consejo de Regulador Nuclear (CSN) reclamaron una ley que blinde en el futuro esa infraestructura para garantizar el máximo consenso y resguardarla de los vaivenes políticos.

El Gobierno quiere promover que las pymes españolas incorporen a sus plantillas un perfil de trabajador que se encargue específicamente de gestionar y engrasar sus procesos de digitalización. Será un rol denominado "agente del cambio", para el cual financiará la formación de unos 33.000 jóvenes en los próximos meses con cursos de al menos 375 horas, dando prioridad a las mujeres y a los desempleados.

Los jóvenes deberán tener menos de 35 años y "un perfil de estudios y experiencia profesional previos que les posibilite tras el programa incorporarse al mercado laboral como agentes de transformación digital de una pyme", explica el Ejecutivo en la orden reguladora que establece las bases del programa, publicada este sábado en el BOE.