La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 6.000 euros a una empresa que grabó las conversaciones de una de sus empleadas sin su permiso, unos audios que luego usó para justificar su despido disciplinario. El regulador de la privacidad destaca que la empresa no contaba con el permiso de la trabajadora para registrar sus conversaciones ni justificación para hacerlo.
La grabación de las conversaciones se realizó con el mismo sistema de videovigilancia del local donde la empleada desempeñaba su trabajo.
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