El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha estudiado esta semana dos casos judiciales que pueden alterar drásticamente el funcionamiento de las plataformas tecnológicas y las reglas de Internet. En juego está la inmunidad que han tenido hasta ahora empresas como Google, Meta o Twitter por transmitir el contenido que publican los usuarios. Y, según alegan estas plataformas, también se decide el futuro de la libertad de expresión. 

Los dos casos son pioneros y han sido debatidos este martes y miércoles ante los nueve magistrados. “No somos precisamente los mayores expertos de Internet”, ha reconocido la jueza progresista Elena Kagan, que sin embargo sí supo presentar con claridad la duda legal en cuestión: “si una ley anterior a los algoritmos sirve para regular un mundo de algoritmos”.

En España siempre ha habido cierta tenencia a decantarse por la vivienda en propiedad. Una aspiración ligada a la seguridad de ser propietario que está perdiendo peso, sobre todo, desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria hace ahora una década y el cambio de las circunstancias económicas y laborales. Así se desprende de la Encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas, cuyos datos definitivos acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una encuesta, por etapas, que permite sacar conclusiones del modo de vida en España.

De "no sé dónde está el dinero" a "desde luego no hay perspectiva de cortarle el grifo a España". Ambas frases son de Monika Hohlmeier, eurodiputada alemana y presidenta de la comisión del Parlamento Europeo de control presupuestario. Durante los últimos días ha capitaneado la visita de una misión de la Eurocámara para comprobar la gestión que se hace en España de los fondos de recuperación aportados por la Comisión Europea. Lo que en un comienzo fue un intento de la derecha por manchar la administración de estas ayudas por parte del Gobierno se ha saldado con unas escasas recomendaciones de acceso a la información y sin que se hayan detectado fraudes o incumplimientos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado las primeras sanciones firmes por incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada hace un año con el objetivo de establecer unas relaciones más justas entre agricultores, ganaderos, industria y distribución. En este listado de 69 empresas hay dos grupos de híper y supermercados, la filial de Carrefour y la cadena Dia.

En concreto, en ese listado figuran dos sanciones a Dia Retail España y otra a Centros Comerciales Carrefour. El motivo, desglosa, incumplimiento de los plazos de pago, que están fijados en un máximo de 60 días.

"El conflicto continúa", responden varios representantes sindicales de la Inspección de Trabajo. Este miércoles se ha celebrado la última de las tres jornadas de huelga convocadas para exigir el cumplimiento de un acuerdo con mejoras laborales, pero no ha supuesto un acercamiento con el Gobierno, explican los trabajadores. "Seguimos en el mismo punto o incluso creemos que hemos retrocedido", critica Ana Ercoreca, portavoz del SITSS. Hace semanas las mejoras se anunciaban como "inminentes" y "ahora no concretan", lamenta.

Esta mañana los representantes de los sindicatos convocantes (CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess) se han concentrado a las puertas del Ministerio de Trabajo para exigir que el Gobierno cumpla con el acuerdo que el departamento de Yolanda Díaz alcanzó con los inspectores el 7 de julio de 2021.

“Hoy es más acuciante que hace un año. Ya no hay otra opción mas que las empresas aborden qué hacer con sus desechos y sus materiales”. Con este mensaje de premura lanzado por su director, Ignacio Escolar, han comenzado las II Jornadas sobre Economía Circular organizadas por elDiario.es.

La economía circular trata de reducir lo máximo posible el desperdicio. Usar y tirar a la basura. O simplemente tirar, incluso sin haber usado lo que se compra –y con ello todos los recursos que ha consumido la producción–. Y en un puesto destacado del desperdicio está la comida.

La retribución del consejo de administración de Enagás, dueña de la red española de gasoductos, se disparó en 2022 un 44,6%, hasta alcanzar un récord de 7,888 millones de euros, como consecuencia de la indemnización abonada al ex consejero delegado de la compañía, Marcelino Oreja Arburúa, sustituido hace un año por Arturo Gonzalo Aizpiri.

La indemnización de Oreja fue de 1.629.930 euros, lo que elevó la retribución del ex eurodiputado del PP, nombrado en 2012, a 2,302 millones, tal y como refleja el informe de retribuciones remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La misión de control de la Eurocámara sobre los fondos europeos ha terminado este miércoles su visita a España. El comunicado conjunto del grupo de eurodiputados se ha saldado de manera sucinta en una serie de recomendaciones, especialmente enfocadas en la mejora del acceso público a los datos de los proyectos y adjudicaciones. "Hemos encontrado que muchos de los datos están a disposición pero es difícil encontrarlos para la población y los periodistas", ha asegurado Monika Hohlmeier, eurodiputada y presidenta de la comisión de control presupuestario del Parlamento Europeo.

La Fundación La Caixa tendrá este ejercicio el presupuesto más alto de su historia con 538 millones de euros, 23 más que el año pasado, el 60% del cual será destinado a programas sociales, entre ellos los de lucha contra la pobreza infantil, crear empleo para colectivos con dificultades o atender a personas con enfermedades avanzadas.

El presidente de la fundación, Isidre Fainé, ha declarado este miércoles que "es precisamente en momentos difíciles como los actuales cuando tenemos que estar más cerca de toda la sociedad y, especialmente, de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad".

La Asociación Nacional de Productores de Biodiésel a partir de Residuos en España (Ewaba) ha manifestado en un comunicado que plantea ejecutar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en toda la industria del biodiésel ante la falta de una regulación nacional de la normativa de sostenibilidad ambiental FQD (Fuel Quality Directive), que ya está en vigor.

La asociación ha indicado que la obligación de reducir un 6% las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles, marcada por el Real Decreto Ley 6/2022, no está aún regulada por el Gobierno, al igual que tampoco existe un dictamen sobre las mezclas de biocombustible permitidas.