Fin al artículo 315.3 del Código Penal, que penaliza con penas de cárcel los piquetes en las huelgas y por el que han sido procesadas unas 300 personas en los últimos años en España, según calculan los sindicatos. La derogación de este delito específico de coacciones en las huelgas, que ha avalado la mayoría del Senado esta mañana, es una reivindicación sindical que se intensificó en la última década con la campaña 'la huelga no es delito', cuando la fiscalía –durante el mandato de Mariano Rajoy– comenzó a utilizar este precepto legal para pedir elevadas penas de prisión en las movilizaciones de trabajadores durante la pasada crisis económica.

Televisa y Univisión han alcanzado un acuerdo para fusionar sus activos de medios, contenidos y producción y crear la mayor empresa global de medios en habla hispana, según informaron sendos grupos en un comunicado conjunto.

El acuerdo para la fusión establece que Univisión abonará a la mexicana Televisa 4.800 millones de dólares (algo más de 4.000 millones de euros) en la operación, de los cuales 3.000 millones de dólares (2.508 millones de euros) se desembolsarán en efectivo y la cantidad restante en acciones y otras contraprestaciones comerciales.

Uno de los riesgos de la actual crisis sanitaria, social y económica, en la medida en que se prolonga, es el aumento de la deuda privada y su traslación en préstamos de dudoso cobro. De momento, según el Banco Central Europeo, hay más advertencias que alertas; más riesgos que realidades. Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE, ha llamado la atención en diversas ocasiones sobre la debilidad del sector bancario europeo. "Los préstamos dudosos en los bancos de la zona del euro podrían alcanzar los 1,4 billones de euros, muy por encima de los niveles de la crisis financiera y de la deuda soberana", ha dicho Enria en alguna ocasión: "Doce años después de la quiebra de Lehman Brothers y nueve años después de la primera participación del sector privado durante la crisis de la deuda soberana griega, la calidad de los activos en los bancos de la zona del euro aún no ha alcanzado los niveles previos a la crisis.

La OCDE recomendó este miércoles a España que aplique subidas de impuestos para corregir desequilibrios cuando la recuperación económica sea firme tras la pandemia e incluyan mecanismos compensatorios para los más desfavorecidos. Además, el organismo ha señalado que "la principal prioridad política debe ser la eliminación de las diferencias normativas regionales que son obstáculos al crecimiento de las empresas, en particular mediante la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado".

En su informe anual sobre las reformas estructurales publicado este miércoles, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esa mayor presión fiscal tendría que ir acompañada, además, de medidas temporales y selectivas para compensar su efecto a los más vulnerables.

Bancos de todo el mundo, especialmente europeos, han ido sellando en los últimos tiempos compromisos para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, limitar la financiación a las industrias más contaminantes y alinear sus carteras con políticas medioambientalmente responsables. Sin embargo, el punto de partida no es nada halagüeño. Únicamente el coronavirus ha logrado provocar un freno en la financiación a sectores como el petróleo, el carbón o el gas, cinco años después de la firma del citado protocolo climático en la capital francesa.

El Plan de Recuperación del Gobierno rescata la idea de introducir el pago por uso en las carreteras de alta capacidad. "Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras", indica el documento presentado este martes.

El plan no da más detalles sobre la medida ni precisa cuándo se implantaría. Se incluiría en la futura Ley de Movilidad y Financiación del Transporte, para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abrió una consulta pública previa que se cerró en enero.

Los cambios en la jubilación anticipada voluntaria son el elemento más controvertido del primer paquete de la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno. La gran mayoría del Congreso recomendó al Ejecutivo acercar la edad efectiva a la que se jubilan los ciudadanos en España (64,6 años) a la edad legal ordinaria para hacerlo, de 66 y 65 años en 2021 según los años cotizados. La dificultad radica en cómo hacerlo. Junto a otras medidas, el ministro José Luis Escrivá ha propuesto reformar la jubilación anticipada de manera que se endurece en algunos supuestos, básicamente para las personas con pensiones más altas y las jubilaciones más tempranas, pero también se facilita en otros muchos.

"Le anticipo que estamos en trámite de ratificación del Convenio 189 de la OIT". Con estas palabras, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este martes el inicio del proceso de ratificación de España de este importante convenio internacional que equipara los derechos de las trabajadoras del hogar a los del conjunto de trabajadores. Su cumplimiento supone acabar con la exclusión de estas empleadas del desempleo, una reclamación histórica de los movimientos de trabajadoras, que se movilizaron justo hace unos días por este motivo.

BBVA empezará a negociar este viernes con los sindicatos un ERE para la compañía que podría rondar los 3.000 despidos, según apuntan distintas informaciones aunque la entidad todavía no avanza cifras del ajuste. El recorte de plantilla afecta a las oficinas centrales y a la red de sucursales, sobre una base de unos 23.000 trabajadores.

El proceso que abre ahora el banco que preside Carlos Torres coincide con la semana en la que ha comenzado la negociación de CaixaBank con los sindicatos, por lo que se apunta al segundo gran recorte de plantilla de este año en la banca española.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes distribuir casi 2.111 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo, que tienen como objetivo facilitar la inserción laboral desde la Administración pública, forman una de las materias que el Ministerio de Trabajo pretende reformar en breve para reducir el desempleo en España, que ya era muy elevado, pero que ha escalado debido a la crisis por la pandemia.

El importe concreto aprobado este martes por el Ejecutivo es de de 2.110.827.030 euros con cargo al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se distribuirán territorialmente entre las comunidades autónomas con competencias en el ámbito de las Políticas Activas de Empleo.