El ex diputado socialista Antonio Miguel Carmona ha salido del consejo de administración de Iberdrola España, de la que hace poco más de un año fue nombrado consejero y vicepresidente. Así lo confirman a elDiario.es fuentes del grupo. Esas fuentes aseguran que este movimiento se debe a que el ex concejal del Ayuntamiento de Madrid va a tener una nueva responsabilidad en la filial española, que no concretan. 

Esas fuentes señalan que el ex concejal socialista, “motu proprio, no aparece en el consejo para poder ser miembro de la dirección” de la filial española.

Si España ha recibido dinero, es porque ha cumplido con los hitos. Y si los hitos tienen que ver con reformas, no ha lugar informar del destinatario final, porque el destinatario es el propio Estado miembro. Así lo explicita el reglamento de los fondos aprobado tanto por los Estados miembros como por el Parlamento Europeo. Así han respondido este martes los responsables de la gestión de los fondos de recuperación en el seno de la Comisión Europea a la presidenta de la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, Monika Hohlmeier (CSU/PPE, el mismo partido que el presidente del PP europeo, Manfred Weber, con quien estuvo Alberto Núñez Feijóo la semana pasada), quien conocía al dedillo detalles internos de la política española como el cese de la directora de los fondos, por el que incluso ha preguntado a los funcionarios del Ejecutivo comunitario.

Teletrabajo a costa de los empleados y empleadas del sector del contact center, un sector con un salario medio de "800 euros", subrayan los sindicatos. "Ni un euro", dice una trabajadora y responsable de CGT. El sindicato criticó hace unos días el impago generalizado de compensaciones por el trabajo a distancia en el sector, también conocido como telemarketing, pese a que lo obliga la Ley de teletrabajo. CCOO y UGT han denunciado también esta situación en una rueda de prensa, además del "bloqueo" del convenio colectivo por parte de la patronal, la Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX), con la que mantienen importantes diferencias en las subidas salariales.

El Consejo de Ministros ha autorizado dos nuevas operaciones económicas de respaldo público temporal, por un importe total de 66 millones de euros, destinadas al Grupo Julià (38 millones), una de las principales empresas de transporte de viajeros de España, y a la compañía multinacional de restauración Mediterranea Catering (28 millones), que irán con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Estas autorizaciones se producen después de que el Consejo Gestor del Fondo haya dado el visto bueno a dichas operaciones, según recoge Europa Press.

Mientras hace una semana saltaban las alarmas tras el desembarco en Mallorca de más de un millar de coches de alquiler –Baleares tiene la mayor ratio de vehículos por persona, 909,5 por cada 10.000 habitantes– en previsión de una temporada alta con llegada masiva de turistas al archipiélago, la hostelería y otros negocios como el de la restauración no las tienen todas consigo. Convertida en uno de los sectores más golpeados por la pandemia del COVID, la industria turística acoge con optimismo su ansiada recuperación, pero con el escollo de no poder cubrir el cien por cien de sus plantillas y el temor a que, con ello, la reactivación se vea ralentizada.

La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha sancionado con más de 116 millones de euros a empresas españolas que se acogieron mal a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) entre los años 2000 y 2018. La RIC es uno de los principales incentivos fiscales en Canarias que permite a los empresarios reducirse hasta un 90% del impuesto de sociedades. Las multas corresponden a los datos de más de un millar de actas de infracción tributaria a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es, tras una solicitud de información en virtud de la Ley de Transparencia.

El Gobierno ha iniciado el procedimiento para extinguir la concesión de una de las grandes presas de Iberdrola en el río Duero, los aprovechamientos de Villalcampo I y II, con una potencia total de 206 megavatios (MW).

Lo ha hecho en la recta final de la pugna con las eléctricas por la solución ibérica acordada por España y Portugal con la Comisión Europea para abaratar la luz. Y es que el procedimiento se puso en marcha el pasado 26 de abril, cuando se publicó en el BOE la convocatoria de un concurso para iniciar la reversión al Estado de esas dos concesiones, horas antes de que la ministra Teresa Ribera y su homólogo portugués, Duarte Cordeiro, anunciasen ese acuerdo en Bruselas, tras reunirse con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

"No hay noticias. La semana pasada llegamos a un principio de acuerdo político y ahora continúan los contactos a nivel técnico", decía este lunes por la mañana la Comisión Europea. "Será cuanto antes, mañana probablemente no nos dé tiempo, pero sin duda la semana que viene", ha reconocido la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, a su llegada a una reunión de ministros de Energía de la UE en Bruselas: "Estamos ultimando detalles. No es fácil que nos dé tiempo a hacerlo mañana [por el martes 23 de mayo], porque además hoy es festivo en Madrid [lunes dos de mayo], pero estamos acabando de pulir los detalles en esta propuesta definitiva.

La Comisión Europea ha enviado este lunes un requerimiento a Apple por el Apple Pay. Bruselas cree que puede haber distorsionado ilegalmente la competencia en el mercado de las billeteras digitales.

La vicepresidenta de Competencia de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, ha explicado este lunes los riesgos para el mercado de billeteras digitales que supone Apple Pay, por su posición dominante: "Las pruebas demuestras que las conductas de Apple no pueden justificarse por motivos de seguridad. El caso tiene que ver con una conducta de distorsionar la competencia. La investigación es un precedente".

Inditex acaba de cambiar su equipo directivo y encara en unas semanas la primera junta de accionistas en la que Marta Ortega, hija del fundador de Zara, hablará a sus inversores como presidenta del grupo gallego. Como anticipo a esa cita anual -que aún no tiene fecha, pero suele ser en los primeros compases del verano-, la compañía gallega ha hecho público su informe anual no financiero. Y, en él, entre otros aspectos, recoge los detalles de cómo ha evolucionado su estructura de producción en el último ejercicio, su red de distribución, y también, qué impuestos paga en los distintos países en los que opera.