Mascarillas para camareros, menos mesas y más espaciadas, hidrogel alcohólico a discreción y nada de mamparas. Son algunas de las recomendaciones del protocolo COVID-19 para restaurantes publicadas, a modo orientativo y ante la falta de una normativa oficial, por el Basque Culinary Center (BCC)y Euro-Toques.

Presentadas este miércoles en una rueda de prensa en Internet, han sido elaboradas por expertos y reunidas en un documento que busca ser "referente" para ayudar a los hosteleros a preparar sus establecimientos ante la vuelta a la 'nueva normalidad' prevista por el Gobierno en varias fases y, sobre todo, evitar "al máximo", el riesgo de contagio tanto entre los clientes como entre el personal de los restaurantes.

Seat cumple 70 años el próximo 9 de mayo, siete décadas en las que ha experimentado una profunda transformación y reinvención, fabricando productos que van desde el mítico Seat 600 a respiradores de emergencias para ayudar a paliar los efectos de la crisis sanitaria del coronavirus.

Fundada el 9 de mayo de 1950, Seat, que forma parte del grupo Volkswagen, es la única firma automovilística que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa vehículos en toda España, es el primer inversor industrial en I+D en nuestro país y representa el 1 % del PIB, a la vez que exporta el 80 % de los coches.

El comisionado de Turismo del Gobierno alemán, Thomas Bareiss, no descarta que los alemanes puedan pasar sus vacaciones en las Baleares o en las islas griegas si la evolución de la pandemia lo permite.

"Creo que este verano no tendremos viajes a destinos lejanos", lo que no quiere decir que no se pueda viajar dentro de Alemania o a países vecinos en los que las cifras de contagio también se estén ralentizando, dijo Bareiss en una entrevista en el diario "Tagesspiegel".

Agregó, no obstante, que "no descartaría otras regiones en Europa como las Baleares o las islas griegas".

"Si apenas se registran nuevos contagios y la atención médica funciona, también se podría barajar unas vacaciones de verano allí", dijo.

La banca española, al igual que la del resto de Europa, tendrá un cierto respiro, pero siempre dentro de la normativa, en los requerimientos sobre el colchón anticrisis que les exigen las autoridades de resolución, teniendo en cuenta la situación actual generada por la pandemia del coronavirus.

Las entidades deben ir atesorando desde hace años sus propios fondos para evitar un rescate público en caso de crisis y conseguir que sean los accionistas y los acreedores, al menos de forma mayoritaria, los que asuman el coste de su resolución.

Sin embargo, en estos momentos se busca que las exigencias en el corto plazo de los requerimientos de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, en inglés) no impidan que las entidades proporcionen financiación a las empresas y los hogares.

El gestor aeroportuario Aena ha elevado a 3.150 millones de euros los préstamos acordados para hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus, entre los que figuran 300 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y 76 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

El pasado 1 de abril, la compañía informó de que había conseguido 1.075 millones de euros en distintos préstamos, con plazos de vencimiento de entre uno y cuatro años, con un total de siete entidades: BBVA, CaixaBank, Bankia, Bankinter, Abanca, Kutxabank y Unicaja Banco.

Este miércoles, Aena ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha acordado otros 851 millones de euros adicionales (300 millones del ICO, 76 del BEI y otros 475 de entidades financieras).

El Tesoro Público español apelará mañana al mercado y, por primera vez en su historia, lo hará con una emisión de deuda a medio y largo plazo en la que subastará cinco denominaciones distintas a la vez, incluidas obligaciones a quince años indexadas a la inflación.

El Tesoro está acelerando las emisiones previstas para 2020 para poder emitir más deuda si el aumento del gasto público derivado de la crisis del coronavirus lo hace necesario.

El objetivo marcado por el Tesoro para la subasta de mañana es vender entre 5.750 y 7.250 millones de euros en esas cinco denominaciones de deuda.

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) derivadas de la quema de combustibles fósiles se redujeron en España un 7,2 % en 2019 respecto a los datos de 2018, el sexto mayor descenso dentro de los Estados miembro de la UE según la estimación difundida este miércoles por la agencia de estadística Eurostat.

El conjunto de los 27 países miembro de la Unión Europea (UE) redujo en 2019 sus emisiones en un 4,3 % respecto al año anterior, con Estonia (-22,1 %), Dinamarca (-9%), Grecia (-8,9 %) y Eslovaquia (-8,9 %) a la cabeza de este descenso.

España sigue así la senda iniciada en 2018, cuando la reducción interanual de emisones de CO2 se situó en un 3,2 %.

En un contexto de "elevada incertidumbre" y de limitaciones estadísticas y de información, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha evaluado el panorama económico al que se enfrenta España debido a la crisis del coronavirus. Dibujan un escenario más pesimista que el del Gobierno respecto a la recuperación el año próximo, la caída esperada de ingresos fiscales y la recuperación del empleo.

La institución, que ahora preside Cristina Herrero tras el paso al Ministerio de Inclusión de José Luis Escrivá, ha analizado la Actualización del Programa de Estabilidad (APE) 2020-2021 remitido a Bruselas el pasado 30 de abril, que ya preveía un derrumbe histórico de la economía.

Las campañas de recolección han aportado un soplo de aire fresco al empleo en la agricultura, que ha resistido mejor que otros sectores la sacudida del coronavirus y ve ahora cómo se suavizan algunas de las restricciones impuestas en el estado de alarma.

En abril, la afiliación media al Sistema Especial Agrario (SEA) subió en 10.561 personas respecto al mes anterior, hasta los 759.943 inscritos, si bien el paro aumentó en 4.015 personas, situándose en 163.435 desempleados.

La agricultura fue el sector en el que menos creció el desempleo, un 2,5 % mensual, en comparación con los fuertes incrementos registrados en la industria, los servicios y la construcción.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fical (AIReF) calcula que un rebrote del coronavirus que conllevara un nuevo confinamiento hundiría la economía española un 11,7 % este año y dispararía el déficit público hasta el 13,8 % del PIB.

Como parte de su informe de la institución sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2021 y dado el actual nivel de incertidumbre, la AIReF ha realizado sus propias proyecciones macroeconómicas, que en ningún caso permitirían recuperar el nivel de PIB previo a la crisis del coronavirus antes de 2022.

Un primer escenario -más benigno, en el que el confinamiento terminaría el 15 de mayo y la actividad se recuperaría progresivamente- supondría una reducción del PIB del 8,9 % este año, ante el desplome de la inversión (36,2 %), la construcción (18,7 %) y el consumo privado (9 %).