La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado una serie de medidas paliativas a las comunidades autónomas por el efecto de haber dejado de cobrar la parte que les correspondía del IVA de diciembre de 2017. Son 2.500 millones de euros que han puesto en pie de guerra incluso a las comunidades del PSOE, algunas de las cuales, como Castilla–La Mancha, se han unido a las amenazas de acudir a los tribunales.
Hacienda no tiene la intención (por una cuestión legal, aseguran) de transferir esa cantidad directamente. Pero sí ha puesto sobre la mesa una serie de compensaciones para aliviar las cuentas autonómicas, encargadas de sufragar gastos como la educación, la sanidad y la dependencia.