¿Es un error o un acierto invertir el dinero público en la consolidación y restauración de bienes históricos, la mayor parte de ellos en manos de la Iglesia? La cuestión suele encender la polémica entre la ciudadanía, máxime cuando se pone el dedo en la llaga apuntando a determinadas estrategias de la institución eclesiástica como las controvertidas inmatriculaciones, que buscan garantizar la propiedad de edificios y espacios que han sido construidos y conservados con una elevada participación social. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta no suele ser tan sencilla como afirmar que, en efecto, se trata de una estrategia equivocada por injusta.