El Gobierno ha tomado la decisión de relevar a Fernando Abril-Martorell como presidente ejecutivo de la tecnológica Indra, de la que el Estado es el primer accionista con una participación del 18,7% canalizada a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Una vez se complete el relevo de Abril-Martorell, adelantado por El Confidencial, está por definir quién será el sustituto del ejecutivo. Esta decisión deberá producirse previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del grupo, que cotiza en el Ibex 35. Tras trascender la decisión del Gobierno de fulminar al ejecutivo, la cotización de Indra se desploma en Bolsa más de un 7% y lidera las caídas en el selectivo.

La nueva prórroga de los ERTE también apurará los plazos de negociación. La reunión entre el Gobierno y los agentes sociales celebrada este viernes para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre ha finalizado sin acuerdo. Las partes seguirán negociando "a lo largo de este fin de semana" y previsiblemente se reunirán de nuevo el lunes. Es el día límite para acordar la extensión, ya que el último Consejo de Ministros antes de que caduquen los ERTE es el próximo martes, 25 de mayo.

Malas noticias para los movimientos de interinos que reclaman la fijeza en sus puestos después de años de temporalidad fraudulenta. Este abuso, reconocido por la justicia europea, el propio Gobierno y contra el que el ministro Miquel Iceta ha anunciado algunas medidas, no puede saldarse con el reconocimiento del puesto fijo en la Administración Pública porque no respeta el acceso en igualdad que reconoce la Constitución Española. Así lo han reiterado en los últimos días dos tribunales superiores de justicia (TSJ), de Euskadi y de la Comunidad Valenciana, que se remiten a la doctrina del Supremo.

España dispondrá del certificado COVID de la Unión Europea a partir del 1 julio, un documento que permitirá a los ciudadanos vacunados, con test negativo o que hayan superado la enfermedad viajar por todo el territorio nacional y la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a Fitur a presentarlo, acompañado de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Los ciudadanos que no dispongan del certificado podrán viajar, pero el proceso será más lento.

El certificado será gratuito y lo emitirán las Comunidades Autónomas o el Ministerio de Sanidad.

España dispondrá del certificado COVID de la Unión Europea a partir del 1 julio, un documento que permitirá a los ciudadanos vacunados, con test negativo o que hayan superado la enfermedad viajar por todo el territorio nacional y la Unión Europea. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido a Fitur a presentarlo, acompañado de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Los ciudadanos que no dispongan del certificado podrán viajar, pero el proceso será más lento.

Además, Sánchez ha anunciado que a partir de 7 de junio "todas las personas vacunadas son bienvenidas en nuestro país" siempre que puedan acreditar la vacunación completa.

Al menos 15 clubes de fútbol españoles han obtenido aval del Estado para deudas por un importe de cerca de 350 millones de euros. Estos clubes se han acogido a la línea extraordinaria de préstamos garantizados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que el Gobierno aprobó en marzo de 2020, nada más estallar la pandemia, con el objetivo de apoyar la liquidez de pymes, autónomos y empresas.

Entre el 13 de abril de 2020 y el pasado 30 de marzo, 15 clubes de fútbol (12 de Primera División, conocida como Liga Santander, y tres de Segunda) han obtenido aval del Estado a deudas que suman 347 millones de euros, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda.

La banca ha perdido más de 100.000 puestos de trabajo en la última década. A priori, con los últimos ERE presentados en CaixaBank y BBVA llovía sobre mojado. Sin embargo, algo ha cambiado en el sector y, en especial, en la actitud de los sindicatos. Tras años en los que ha primado la tan nombrada "paz social" en el sector bancario, con múltiples de acuerdos entre los representantes mayoritarios y las entidades, los sindicatos han planteado durante las últimas semanas y durante los próximos días multitud de movilizaciones en todo el país contra estos ERE que, en un comienzo, afectaban a más de 12.000 trabajadores.

Twitter ha anunciado que el proceso de presentación de solicitudes por parte de cualquier usuario para ser verificado vuelve a estar operativo, después de más de 3 años en pausa por la polémica generada en 2017, cuando verificó a un simpatizante de la extrema derecha en EE.UU. "A partir de hoy, ponemos a disposición del público nuestro nuevo proceso de solicitud de verificación y revisaremos las peticiones que nos lleguen", ha indicado la red en una entrada en su blog corporativo.

Verificar cuentas, actividad que la empresa empezó en 2009, consiste en comprobar que la persona detrás de un perfil de Twitter es realmente quien dice ser, dando así una garantía de autenticidad, que se muestra en el portal con un círculo azul al lado del nombre.

Un mercado laboral en el que trabajen 1,5 millones de personas más, con la mitad de paro y con jornadas semanales de 35 horas frente a las 37,7 actuales. Es el horizonte que dibuja el estudio 'España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo' que ha presentado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El informe, en el que han participado 100 expertos para la Moncloa, apuesta por fomentar la inmigración para aumentar el número de trabajadores, de manera que alivie un poco el envejecimiento de la población y contribuya al sostenimiento del sistema público de pensiones, entre otros beneficios económicos.

España entregó su plan de recuperación a la Comisión Europea el 30 de abril. A partir de entonces, el Ejecutivo comunitario dispone de hasta dos meses para evaluar la documentación. Después, el Consejo –los Gobiernos– disponen de otros 30 días. A partir de ahí, puede empezar a llegar la primera parte de los fondos europeos, los 9.000 millones de prefinanciación.

Ese es el calendario y el procedimiento. En este contexto, la Comisión Europea ha enviado una carta al Gobierno español.