Con el debate de la regulación de los alquileres y las negociaciones sobre la Ley de Vivienda en su punto álgido, Baleares se ha sumado a la controversia para poner sobre la mesa una medida que ha desatado una tormenta política dentro y fuera de las islas: la expropiación temporal –durante un máximo de siete años– de 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios con el objetivo de destinarlas al alquiler social. Mientras unos aplauden la iniciativa, otros ven en ella una clara vulneración del derecho a la propiedad privada.