Eran ayudas de Estado. Así lo establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de este jueves, que desestima el recurso del Fútbol Club Barcelona y, de paso, anula la sentencia del Tribunal General, contraria a la decisión de la Comisión Europea que calificó de ayuda de Estado el régimen fiscal de los cuatro clubes de fútbol profesional españoles: Barcelona, Real Madrid, Osasuna y Athletic de Bilbao.

Una ley española de 1990 obligaba a todos los clubes deportivos profesionales españoles a convertirse en sociedades anónimas deportivas, salvo aquellos que hubieran tenido resultados económicos positivos en los ejercicios anteriores a la aprobación de la ley.

El Consejo Gestor del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha aprobado este miércoles la ayuda de 120 millones de euros para Duro Felguera, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este órgano creado para resolver las solicitudes de ayuda temporal que procedan de las compañías no financieras afectadas por la pandemia del COVID-19 da así el primer paso para llevar la concesión de esta ayuda al Consejo de Ministros.

Tras el visto bueno recibido este miércoles, los documentos sobre el 'Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal' y el 'Acuerdo de Gestión con la Compañía' serán sometidos a la aprobación de las sociedades que forman parte del grupo y, una vez que reciban el visto bueno, la operación se elevará al Consejo de Ministros para su autorización.

El rey Juan Carlos I se enfrentaría a sanciones que alcanzarían un máximo de entre 6,7 millones de euros y 27 si se le hubiera abierto expediente por los fraudes a Hacienda que ha podido regularizar hasta ahora y fuera multado por ello.

La horquilla varía notablemente, en función de si el procedimiento se dirimiera en la vía administrativa, que el monarca ya habría neutralizado con las dos regularizaciones de los últimos meses, o acabara en el ámbito penal.

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles que el Gobierno ampliará en 20 millones de euros los fondos del programa Moves II a repartir entre las comunidades autónomas que ya han comprometido el 100% de su presupuesto en la línea relativa a adquisición de vehículos eléctricos.

Durante su visita a las instalaciones de la empresa Power Electronics en Valencia, Ribera ha señalado la importancia de "ir de la mano de la industria" en el proceso de activación de la agenda de transición energética, "que es una agenda de reindustrialización, movilización de inversiones y generación de nuevos modelos de negocio y empleo".

El Ministerio de Consumo pretende aprobar el sistema de etiquetado frontal Nutriscore a finales de 2021, pese a la oposición de buena parte de la industria alimentaria. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha tratado de frenar su implantación dirigiendo una carta a la Comisión Europea, según informó El Confidencial.

"Hay una campaña beligerante contra Nutriscore elevada por aquellas grandes empresas que no quieren que se conozca la información nutricional de sus productos de manera clara", han explicado este miércoles fuentes de Consumo en un encuentro con los medios.

El Gobierno británico ha anunciado este miércoles que subirá del 19% al 25% el impuesto a los beneficios de las empresas, como primera medida para tratar de sanear las cuentas públicas después del masivo gasto causado por la pandemia de la COVID-19. La medida se implantará a partir de abril de 2023.

El ministro británico de Economía, el conservador Rishi Sunak, anunció este miércoles la iniciativa, que afectará sólo a las empresas más grandes y con mayores beneficios, en la presentación ante el Parlamento de los Presupuestos para este año, donde adelantó que la deuda británica alcanzará en 2023 un pico del 97,1% del producto interior bruto (PIB).

Suenan campanas de cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha propuesto este miércoles modificar el objetivo de inflación establecido en el 2% para conseguir más margen de actuación de la política monetaria ante los retos que plantea la crisis del coronavirus. No es una idea nueva. El Eurobanco ya lanzó esta idea como legado de la era Draghi, el presidente del BCE que prometió hacer lo que hiciera falta para salvar al euro en la anterior crisis financiera, pero su sucesora Christine Lagarde no ha cogido el toro por los cuernos.

El 1 de enero echó a andar por completo la ley PSD2, conocida comúnmente como la de medios de pago, que, entre otras cuestiones, abre los datos de los grandes bancos sobre sus clientes a plataformas tecnológicas como las fintech para procesar nuevos servicios como los pagos online o la agregación de productos. La norma nació con las críticas por parte de las grandes entidades bancarias y ahora, dos meses después de su aplicación, las fintech lamentan que los bancos "no cumplen con las exigencias" de la norma.

Bruselas mantiene la barra libre del gasto hasta, de momento, 2023. Es decir, deja abierto el grifo de las ayudas públicas ante las nuevas olas de la pandemia durante este año y el próximo. Eso sí, la Comisión Europea prevé reactivar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2023, momento en el que se retomaría la exigencia de cumplir con los topes de deuda (60& del PIB) y déficit (3% del PIB) con una senda que, con dos años vista, no está todavía definida.

La Justicia europea avala el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que impone una tasa lineal del 7% a cualquier instalación sin diferenciar el origen de la energía, el tamaño o el resultado de la explotación. Así lo ha anunciado este miércoles el Tribunal de Justicia de la UE, en una sentencia en la que declara que la directiva europea, relativa al régimen general de los impuestos especiales, no se opone a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo obtenidos por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada a ese sistema.