El juzgado de primera instancia nº1 de Málaga ha absuelto a CGT de la demanda por derecho al honor que interpuso el dueño de las perfumerías Primor, Juan Ricardo Hidalgo Domínguez. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, desestima la demanda y condena en costas a la parte demandante. No es firme: el empresario tiene veinte días para recurrirla. Y así lo hará, según ha indicado a elDiario.es.

El empresario demandó a CGT alegando que sus protestas eran por cuestiones que nada tienen que ver con la marca Primor.

El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana plantea beneficios fiscales para propietarios que limiten el precio del alquiler como fórmula para moderar los precios, desmarcándose así de la regulación comprometida en el pacto de Gobierno y en el posterior acuerdo de los PGE, según fuentes cercanas a la negociación.

Aunque no es exactamente igual, la medida recuerda al Programa de Arrendamiento Accesible de Portugal, una plan que concede ventajas fiscales a propietarios que ofrezcan rentas por debajo del 20% del mercado. Este programa es de adhesión voluntaria para propietarios y solo se pueden acoger a él inquilinos que no superen los 35.000 euros de renta anual (45.000 familiar).

La sociedad instrumental que el piloto español de motos Jorge Lorenzo montó en Luxemburgo hace algo más de un año, en pleno litigio con la Agencia Tributaria, junto a una familia de multimillonarios mexicanos y seis empresas offshore, ha tenido una vida breve y un final accidentado y abrupto. Los socios de la empresa han resuelto liquidarla y disolverla poco después de crearla, tras el estallido de la pandemia, y poco tiempo después de que su existencia llegase a los medios de comunicación.

Antes de disolver la sociedad, la empresa interpuso una demanda por la publicación de información sensible sobre sus accionistas contra el Registro de Luxemburgo, país que ha vuelto a ser señalado en una reciente investigación como refugio de chiringuitos financieros y sociedades fantasma para multimillonarios como Shakira o el heredero saudí.

Corría el mes de junio y España estaba inmersa en la desescalada cuando el presidente Pedro Sánchez, acompañado de cinco ministros —Nadia Calviño, Teresa Ribera, José Luis Ábalos, Reyes Maroto y Pedro Duque— y representantes del ramo, presentó con bombo y platillo el Plan de Impulso a la Automoción. De los 3.750 millones de presupuesto, 1.500 millones irían directos a la renovación de vehículos: de estos, 250 millones eran del nuevo Plan Renove, una vieja fórmula para inyectar dinero a las empresas subvencionando la compra con el argumento de que el parque es muy antiguo y hay que rejuvenecerlo.

Reforma laboral y pensiones. Pensiones y reforma laboral. Es donde se centran las negociaciones entre el Gobierno y la Comisión Europea para deshacer un nudo de 140.000 millones de euros, los de los fondos de recuperación –72.000 en transferencias y 68.000 en préstamos– para remontar una crisis del coronavirus que ha llevado a España a cerrar 2020 con una caída del PIB del 11%, la mayor de toda la Unión Europea.

Los fondos tienen tres ejes fundamentales: que haya reformas e inversión en los ámbitos de la transición digital y ecológica y que esté alineado con las recomendaciones del Semestre Europeo –mecanismo de gobernanza económica de la Comisión Europea–.

El Gobierno renuncia a gravar con un nuevo impuesto especial al transporte aéreo ante la situación crítica que atraviesa el sector de la aviación por la pandemia. El Ejecutivo ha dejado en un cajón la creación de ese nuevo gravamen, planteado poco antes de la irrupción del coronavirus.

Un año después, "la situación económica y sanitaria mundial sobrevenida desde entonces no aconseja que se pueda avanzar, en la actualidad, en esta línea", reconoce el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria.

Con las aerolíneas sometidas a una presión extrema y el Estado obligado a salir al auxilio de la segunda compañía aérea española, Air Europa (que prevé fusionarse con Iberia), muchas cosas han cambiado desde que el 28 de febrero de 2020 el Ministerio de Hacienda

La Audiencia Nacional ha dado el visto bueno a la libertad condicional del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, a propuesta del Centro de Inserción Social del que dependía, tras valorar su edad, comportamiento y la "antigüedad" de los hechos por los que ingresó en prisión, las tarjetas "black" de Caja Madrid.

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el juzgado central de Vigilancia Penitenciaria concede dicho beneficio a Rato, que desde el 25 de octubre de 2018 cumplía una condena de cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) no experimentó cambios en enero respecto al mes anterior, pero subió un punto en tasa interanual, hasta el 0,5%, registrando así su primera tasa positiva tras nueve meses en valores negativos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta tasa del 0,5% es una décima inferior a la avanzada a finales del mes pasado, cuando el INE situó la tasa interanual de enero en el 0,6%.

En este repunte de los precios ha influido, principalmente, la subida de los precios de la electricidad y del gas, y de algunos alimentos como las legumbres y hortalizas, y el agua mineral, los refrescos y los zumos.

La pandemia ha atrapado a la multimillonaria Sandra Ortega con un proyecto hotelero de súper lujo en París en el que participa desde hace años junto a inversores saudíes: un hotel de la exclusiva cadena Bvlgari que prevé abrir sus puertas este 2021, un ejercicio que se atisba todavía muy complicado para el sector turístico, por los estragos de la crisis del coronavirus y las restricciones a la movilidad. La segunda fortuna española acaba de apuntalar junto a sus socios una inversión que fuentes del sector cifran en 300 millones de euros, canalizada a través de dos sociedades instrumentales en Luxemburgo.

Decenas de delegados de CCOO y UGT, encabezados por sus secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, se han concentrado este jueves frente al Ministerio de Asuntos Económicos en Madrid para emplazar al Gobierno a sentarse en las mesas de negociación y proceder a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) y a la derogación de las reformas laborales y de pensiones de 2013, según informa Europa Press.

Con mascarillas y respetando las medidas de seguridad frente al COVID, aunque molestos por que no les hayan dejado cortar la calle como querían, los sindicatos se han echado hoy a la calle para decirle al Gobierno que "ahora sí toca" cumplir con su programa y con los compromisos a los trabajadores.