Los Estados de la Unión Europea (UE) ultimaban hoy los detalles de un acuerdo para reabrir el 1 de julio sus fronteras exteriores, cerradas desde mediados de marzo, para los ciudadanos de algunos países dónde la situación sanitaria con respecto al coronavirus se considere segura.

Los Veintisiete trabajan sobre una lista que prevé autorizar las llegadas de apenas una veintena de países, entre los que estaría China, pero no Estados Unidos, que se ha convertido en el epicentro de la pandemia y el país más afectado, con más de 2,5 millones de contagiados y más de 125.000 muertos.

Los embajadores de los Veintisiete intentaron el viernes sin éxito llegar a un acuerdo, por lo que la presidencia de la UE, que ahora ostenta Croacia, abrió un periodo de consultas entre las capitales hasta el sábado a las 18.00 horas.

Trabajadores de la factoría de Alcoa San Cibrao, arropados por vecinos de la comarca, han viajado esta mañana en coche desde la comarca lucense de A Mariña hasta Lugo capital en una caravana de “16 kilómetros” para reclamar una solución que permita garantizar la producción de aluminio primario en la planta mariñana y, consecuentemente, el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, agradeció una vez más la respuesta de la comarca de A Mariña a esta convocatoria y la unidad de los trabajadores en las acciones para defender los puestos de trabajo de Alcoa San Cibrao, lo que “ha permitido formar una caravana de 16 kilómetros” de longitud, según la información “de la propia Dirección General de Tráfico”, precisó.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió en 2019 hasta nueve expedientes que concluyeron con la imposición de sanciones por conductas contrarias a la competencia por valor de 432 millones de euros.

El organismo público llegó a tramitar 21 expedientes sancionadores pero 12 de ellos fueron archivados al apreciar que no existían indicios de infracción, por lo que solo nueve acabaron en sanciones a las empresas, según consta en su última memoria anual recogida por Europa Press.

En concreto, dos de las resoluciones respondían a conductas calificadas de cártel, ya que incluían la manipulación de licitaciones públicas, que fueron sancionadas por un importe total de 172,6 millones de euros.

Los trabajadores afectados por despidos colectivos se redujeron hasta abril un 45 %, hasta los 4.250, mientras que las suspensiones de contrato o reducciones de jornada llegaron a 826.393, una cifra que multiplica por 36 la del mismo periodo del año pasado pese a solo reflejar los ERTE de ámbito nacional.

La estadística de regulación de empleo publicada esta semana por el Ministerio de Trabajo refleja así en parte la forma en la que el mercado laboral ha respondido a la pandemia de la COVID-19 con un gran uso de los ERTE y un ajuste de empleo que, hasta ahora, ha venido fundamentalmente por el fin de contratos temporales.

Ahora que parece verse en el tercer trimestre del año una esperanza de recuperación, el turismo mundial afronta los desafíos de la etapa poscoronavirus con nuevas aplicaciones tecnológicas que pueden ayudarle a superarlos.

Aplicaciones como las que hacen que tu móvil te avise si te acercas demasiado a otra persona o que verifiquen tu identidad en los aeropuertos sin necesidad de pasaporte ni de auxiliares de vuelo que te franqueen el acceso al avión.

U otras que, si no puedes o no quieres viajar, te permitan ver hasta el más mínimo detalle de monumentos como el Coliseo, el Foro Romano o la Torre Eiffel, por ejemplo, a través de unas gafas de realidad virtual.

El Reino Unido y la Unión Europea (UE) se disponen a intensificar a partir de este lunes sus conversaciones con el objetivo de forjar un acuerdo comercial antes del 31 de diciembre.

Se trata de un último impulso que llega tras cuatro meses de negociaciones técnicas infructuosas y con un calendario muy ajustado ante la negativa del Gobierno británico a extender el periodo de transición del Brexit.

Las reuniones se retomarán de forma presencial el próximo 29 de junio en la capital británica y se extenderán semanalmente, ya sea como rondas completas o citas más reducidas, hasta el 27 de julio en Londres o Bruselas.

El Consejo de Administración de la operadora ferroviaria Renfe decidirá este lunes sobre la adjudicación de 37 nuevos trenes, 31 de ancho métrico destinados a la cornisa cantábrica y 6 alpinos para la sierra madrileña, que fueron licitados por 287 millones de euros hace más de un año.

Renfe ha confirmado a Efe que la adjudicación será tratada este lunes por la tarde en la reunión del consejo, después de que lo avanzara el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el jueves en un tuit.

Los 31 trenes de vía estrecha son para renovar la flota de la cornisa cantábrica: País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla y León y Galicia, mientras que los 6 alpinos irán destinados a la línea Cercedilla-Cotos, en el noroeste de Madrid.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, apoya que el Gobierno regule el teletrabajo, pero confía en que no se imponga como una obligación para las empresas, que deberían tener la libertad de ofrecerlo de forma voluntaria, aunque asegura que en su compañía sí se implantará de una manera generalizada.

"Como todas las cosas en la vida, el teletrabajo tendrá que tener una regulación", pero "no puede ser una obligación", sino "algo que cada empresa ofrezca siempre que se pueda llevar a cabo o se tenga capacidad; algo voluntario", ha apuntado Bogas, que en esta incipiente y "todavía extraña" nueva normalidad, sólo va a la oficina una o dos veces por semana y sólo por la mañana.

Los alojamientos rurales afrontan el verano con un escenario en el que abundan los anuncios de sellos de garantía de "turismo seguro", mientras el Gobierno insiste en que lo importante es seguir las medidas de prevención visadas por Sanidad y los viajeros se debaten en la duda: sello sí o sello no.

Ante el aumento de reservas que han registrado las casas rurales de cara a los meses de julio, agosto y septiembre, un pequeño alivio tras meses de cierre obligado por el estado de alarma, también han aumentado las búsquedas de establecimientos con los distintivos que garantizan espacios libres de covid-19.

Miles de ciudadanos se han concentrado este sábado en Madrid para reclamar un gran pacto para la "reconstrucción social" que huya de la crispación y la confrontación política, y abogue por la unidad y la concordia para ayudar, así, a paliar las graves secuelas de la crisis sanitaria de la COVID-19.

Convocados por UGT y CCOO, y bajo la iniciativa "Vamos a Salir. Por un Pacto para la reconstrucción social de España", 3.000 personas, según los convocantes, se han concentrado a lo largo de un kilómetros, en cuatro filas bien definidas, con mascarillas y guardando la distancia de seguridad.

"Queremos acuerdos de país para lograr la reconstrucción social, para fortalecer nuestros servicios públicos.