El último revés judicial a la gestión económica de los gobiernos del Partido Popular (PP) que presidió Mariano Rajoy durante la crisis financiera agrava el agujero millonario que dejaron de herencia a los siguientes ejecutivos y a las arcas públicas. Este jueves, el Tribunal Constitucional decidió tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit (el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado): limitar las deducciones de las grandes empresas.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha calificado de «populismo» las declaraciones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respecto a abrir un debate sobre salarios de miembros de las empresas.

"Que una ministra de España esté hablando de un intervencionismo tal, de república bananera, pone en peligro las inversiones", ha aseverado el presidente de la patronal en una rueda de prensa en Valencia tras reunirse con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En el encuentro también han participado la vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro.

Primera multa conocida de la Inspección de Trabajo a Glovo por su nuevo modelo de repartidores posterior a la Ley Rider. El organismo vigilante de la legalidad laboral considera que este también incurre en un fraude en la contratación, como el anterior sancionado hasta por el Supremo, y que por tanto los repartidores siguen siendo falsos autónomos con este nuevo modelo, según ha confirmado elDiario.es y ha adelantado El Periódico de Cataluña.

Se trata de una sanción sobre 49 repartidores de Glovo en Asturias, que la Inspección de Trabajo considera que siguen incurriendo en una relación de laboralidad con la multinacional.

El Tribunal Constitucional ha decidido tumbar una de las medidas que tomó Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda en 2016 para cumplir con los objetivos de déficit: limitar las deducciones de las grandes empresas. Una medida con un impacto de varios miles de millones de euros en las cuentas públicas que, según declaran por unanimidad conservadores y progresistas del tribunal, se impuso de manera irregular.

El alcande de la decisión, en cualquier caso, es limitado y el Estado no estará obligado a devolver todos los miles de millones de euros que ha recaudado por esta reforma.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a las comunidades autónomas a que se sumen, con sus propios fondos, a la financiación del alquiler joven, que esta misma semana ya se había comprometido a ampliar vía presupuestos del Estado.

Rodríguez ha hecho este llamamiento antes de comenzar la primera Conferencia Sectorial  de Vivienda, Urbanismo y Suelo con las Comunidades Autónomas desde que asumió el Ministerio. Hasta el momento, el bono de alquiler estaba presupuestado en 200 millones de euros anuales.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado este jueves que la normativa española, que permite el despido de un empleado con discapacidad permanente de su empresa, es contraria a la directiva europea relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación suscrita en el año 2000.

Esta declaración del TJUE llega tras una consulta realizada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Islas Baleares para conocer la compatibilidad del Derecho español con la obligación que tiene el empresario de realizar "ajustes razonables" (colocar el empleado en otro puesto de trabajo antes de despedirle) prevista en la directiva europea.

El Gobierno aprobará en febrero el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Será la segunda vez que el texto pase por el Consejo de Ministros, porque fue una de las normativas que se quedaron colgadas en tramitación parlamentaria por el adelanto electoral del pasado mes de julio. La ley incentivará a las ciudades que prioricen la movilidad sostenible y se penalizará a las que no lo hagan.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha reconocido en un desayuno informativo que él la norma "la haría de otra manera" y sería "más ambicioso pero la realidad se impone".

El peso de la industria alemana ha caído en la eurozona en los últimos años. Se trata de un retroceso insólito, que rompe con un estrategia de décadas que había fortalecido a la gran fábrica germana dentro de la Unión Europea (UE) y, sobre todo, entre los socios del euro y tras la gran crisis financiera. Esta debilidad ha tenido su traducción última en la contracción del PIB (Producto Interior Bruto) en un 0,3% en 2023. Por su parte, la eurozona ha resistido, de media, en positivo y la economía de España ha liderado el crecimiento en el área monetaria y cerrará el ejercicio con un 2,5%.

Elemento sorpresa en la reforma para reducir la jornada laboral. El Ministerio de Trabajo pretende incorporar a esa negociación también un refuerzo legal del registro horario diario, según fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz. Aunque es obligatorio en todas las empresas desde 2019, en la práctica en muchos casos no se cumple o no como debería, denuncian a menudo los sindicatos y reconocen en Trabajo.

La negociación de esta reforma se iniciará el próximo jueves, 25 de enero, según ha anunciado esta mañana la vicepresidenta y ministra de Trabajo en la firma del acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo a 1.134 euros al mes.

El Gobierno incrementará el mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2024 desde los 15.000 euros hasta los 15.876 euros, con el objetivo de actualizarlo a la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que justo supone esa misma cifra en su cómputo anual.

Así se desprende del proyecto de Real Decreto sometido a información pública por el Ministerio de Hacienda y recogido por Europa Press, en el que se indica que la elevación de la cuantía del salario mínimo interprofesional a 15.875 euros anuales en catorce pagas para 2024 acordada entre Gobierno y sindicatos obliga a revisar la regulación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para evitar que estos contribuyentes soporten retención o ingreso a cuenta.