El Tribunal General de la Unión Europea ha rechaza todas las alegaciones formuladas por Nike por la investigación "en profundidad" para examinar si el tratamiento fiscal concedido por Holanda a la compañía de material deportivo puede haber otorgado a la empresa una ventaja injusta sobre sus competidores, en violación de las normas de la UE sobre ayudas estatales. Los magistrados han desestimado el recurso en su totalidad.

En 2019, la Comisión decidió incoar un procedimiento de investigación formal relativo a los acuerdos tributarios previos (tax rulings) adoptados por la administración tributaria neerlandesa a favor de Nike European Operations Netherlands en 2006, 2010 y 2015 y de Converse Netherlands en 2010 y 2015, ambas filiales holandesas del holding neerlandés, Nike Europe Holding, cuyo accionista es Nike Inc.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,5% en junio en relación al mes anterior y situó su tasa interanual en el 2,7%, la misma que en mayo y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este repunte, con el que el IPC anual encadena su sexta tasa positiva consecutiva, la inflación continúa en niveles desconocidos desde hace cuatro años.

Este domingo terminaron la Eurocopa y la Copa América. Sin embargo, son ya varios equipos los que han arrancado esta semana su pretemporada. El calendario del fútbol, ya de por sí apretado, se ha ajustado más tras la pandemia y es que en apenas un mes, el 13 de agosto, echará a rodar el balón de La Liga, la competición liguera nacional. Y pese a que queda poco más de cuatro semanas para el arranque, buena parte de los equipos que componen este campeonato están en busca de un patrocinador que llene el vacío que dejan las casas de apuestas, vetadas por la reforma de la ley sobre publicidad del juego emprendida por el Ministerio de Consumo y que, 10 meses después de su aprobación, entrará completamente en vigor a final de agosto.

La Fiscalía Anticorrupción ha atribuido a Francisco González un presunto delito de administración desleal "por haber utilizado recursos" de BBVA "para su uso exclusivamente personal", en referencia a una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.

En un escrito presentado el 8 de julio, los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro han requerido al juez que cite a declarar al exdirectivo de la entidad financiera en el marco de la pieza número 9 del 'caso Tándem', en la que se investigan los contratos de BBVA al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Las principales patronales alimentarias y agrícolas de España han lanzado una campaña conjunta "contra los bulos y ataques injustificados, cuando no interesados" que atañen a su sector. La campaña se llama Nutrisensatos y, aunque aseguran que es una idea que llevan tiempo madurando, su lanzamiento coincide con la polémica provocada por el vídeo en el que el ministro de Consumo pide a los españoles que coman menos carne.

"No nace en respuesta a Garzón", han asegurado sus promotores en una presentación a la prensa.

El Consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la Sociedad Estatal del Participaciones Industriales (SEPI), ha aprobado este martes otorgar a Tubos Reunidos el préstamo participativo que había solicitado el fabricante vasco de tubos por un importe de 112,8 millones, según la información remitida a la CNMV.

La empresa realizó en enero esta solicitud de apoyo público temporal con cargo a este Fondo, ante la situación actual del mercado y de su propia actividad derivada del impacto de la pandemia del covid-19, que le llevó a cerrar 2020 con unas pérdidas de 101,3 millones.

El Banco de España recibió en 2020, el año de la pandemia, más de 21.300 reclamaciones de consumidores contra los bancos que operan en el país. Esta cifra supone un incremento del 45,6% respecto a los datos de 2019, según figura en un informe del organismo supervisor publicado este martes. Es un dato también superior al del año 2018, pero todavía queda por debajo de los años de más conflictividad por ciertas malas prácticas en la banca, como fueron las cláusulas suelo (2013 y 2014) o los gastos hipotecarios (2017).

Hace exactamente un mes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, exhibía los 10 sobresalientes y un notable que había concedido al plan español de recuperación. Lo hizo el mismo día que también comunicaba el aprobado portugués, los dos primeros planes que recibieron el visto bueno de Bruselas, en un claro mensaje de que, en esta crisis, a diferencia de las anteriores, se quiere priorizar la salud económica del sur de Europa.

Y este martes ha llegado el último examen, el de los socios europeos reunidos en Bruselas en un Consejo de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin), en el que, como estaba previsto tras el visto bueno de la Comisión Europea, se ha dado vía libre a los 69.500 millones en transferencias solicitados por España hasta 2023 –la otra mitad, en forma de créditos, aún no ha sido solicitada por España, y tiene hasta 2026 para hacerlo– y, para empezar, a 9.000 millones de prefinanciación por planes comenzados en febrero de 2020 que podrían llegar a partir de julio.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el reparto de 2.800 millones de euros entre las comunidades autónomas para el despliegue de inversiones relativas a rehabilitación de vivienda, modernización y digitalización de la educación e industria audiovisual. De estos, el grueso de 1.631 millones van dirigidos a la rehabilitación.

Según ha explicado la nueva portavoz de Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, 1.151 millones van destinados a la rehabilitación de viviendas y barrios y el resto, 480 millones, a la rehabilitación de edificios públicos.

La Autoridad de la Competencia de Francia impuso este martes a Google una multa de 500 millones de euros por no haber "negociado de buena fe" una compensación para los medios de comunicación por el uso de sus contenidos noticiosos, a lo que le obliga una ley nacional francesa. El organismo también ordenó al gigante estadounidense que presente una oferta de remuneración a los editores y a las agencias de prensa por el uso de sus contenidos protegidos, bajo la amenaza de tener que pagar 900.000 euros por cada día de retraso.