La gran novedad del Real Decreto-Ley por el que se prorroga la denominada excepción ibérica, publicado este miércoles en el BOE, es un aspecto muy técnico, pero de gran trascendencia para las mayores eléctricas.
El Gobierno ha pactado con la Comisión Europea que el tope al gas se va a cargar a los contratos de energía firmados desde el pasado mes de abril entre filiales de los grupos verticalmente integrados (con presencia en todas las patas del negocio) para evitar que las grandes compañías del sector tengan beneficios extra.