Los ministros de finanzas del G-7 han llegado a un acuerdo que podemos calificar de histórico ya que supone una revolución total respecto de la situación actual, en la que valga como ejemplo que, según se ha publicado en los últimos días, una filial irlandesa de Microsoft ganó 260.000 millones de euros en 2020 sin pagar un solo euro de impuestos.

Se pueden imaginar los impuestos que han dejado de pagar en las últimas décadas las grandes multinacionales tecnológicas, situación permitida hasta ahora por las autoridades mundiales (G-7 y G-20), por los organismos internacionales (OCDE) y por la propia Unión Europea, que, con su habitual hipocresía, dice que lucha contra los paraísos fiscales, pero al mismo tiempo permite en su territorio figuras como el doble irlandés o el sándwich holandés, que son utilizadas por estas grandes multinacionales para conseguir su objetivo de no pagar casi ningún impuesto a nivel mundial.

Hay acuerdo en un momento histórico en el que todas las economías del planeta están sufriendo las consecuencias de una crisis sanitaria sin precedentes en un siglo que ha llevado a grandes gastos en servicios públicos para hacerla frente. Por primera vez, se ha pactado que exista un impuesto mínimo global del 15% para evitar que las grandes empresas sorteen el pago de impuestos y, al tiempo, que algunos países como Holanda, Irlanda y Luxemburgo hagan dumping fiscal a sus socios. Es decir, que los paraísos fiscales no pueden tolerarse en un mundo globalizado.

Los planes del ministro José Luis Escrivá para reforzar la lucha contra la pobreza infantil consisten en una nueva ayuda de 50 euros por hijo para las familias en pobreza, como adelantó elDiario.es. Se trata de una propuesta de partida, que ha sido presentada como enmienda del PSOE en la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo vital (IMV) y que será discutida en el Congreso. Por lo que, de salir adelante, puede acabar con varios cambios. No solo en su cuantía, sino también en el alcance de las familias que se beneficien de ella.

El acuerdo social sobre pensiones se le está complicando al ministro José Luis Escrivá. El responsable de la reforma de pensiones lleva mucho tiempo anunciando que el pacto con sindicatos y empresarios es "inminente", pero por el momento no ha logrado cerrarse. Esta última semana parecía que el acuerdo era cuestión de "días" tras acercarse posturas en varios elementos, como la jubilación anticipada, coincidían varias fuentes del diálogo social. Y tampoco: el acuerdo se atascó una vez más. En esta ocasión sobre todo en relación con los sindicatos, tras el anuncio del ministro de que el llamado 'factor de sostenibilidad' de la reforma de Rajoy no se derogaría en este primer paquete de la reforma sino en el segundo.

Iberdrola y Endesa han cerrado la semana con un descenso de su capitalización bursátil de 6.429 millones comparado con el viernes de la semana pasada, cuando tras el cierre de la sesión en Bolsa, trascendió la intención del Gobierno de recortar los ingresos del sector eléctrico para tratar de abaratar la luz.

Este viernes, Iberdrola cerraba su quinta caída consecutiva en Bolsa al ceder otro 0,56%, hasta 10,61 euros, lo que deja su valor bursátil en 68.097 millones de euros. Es un recorte del 6,1% (4.460 millones) en una semana en la que el Ibex ha cedido un 1,48%.

El coronavirus ha tenido un fuerte impacto en las cuentas de El Corte Inglés. El gigante de centros comerciales ha anunciado este viernes que ha perdido 2.945 millones de euros en 2020, unos número rojos históricos, ya que ha tenido que dedicar 2.500 millones a provisiones para "cubrir deterioros de inmovilizado, existencias y créditos fiscales. La compañía ha explicado que "la mayor parte de estas provisiones derivan de una actualización de activos como consecuencia de la transformación hacia un modelo de negocio más digital", es decir, los centros comerciales que antes eran la joya de la corona de la compañía de distribución pasan ahora a ser un lastre ante el cierre y los problemas de movilidad que provocó la pandemia y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores.

Los ministros de Finanzas de España, Italia, Francia y Alemania han publicado este viernes un artículo en The Guardian en el que empujan para llegar a un acuerdo sobre un impuesto universal de sociedades ante la reunión de ministros de Finanzas del G7 de este viernes y sábado en Londres. Una reunión que supone una antesala de la de los líderes del G7 del próximo 11-13 en Cornualles (Reino Unido). Y avanzan que el acuerdo está al alcance de la mano.

Twitter lanzó este jueves el primer servicio de suscripción de su historia, que ofrece a los usuarios pequeñas ventajas y herramientas adicionales a las de la plataforma gratuita, aunque por el momento solo está disponible en Australia y Canadá. La firma de San Francisco (California, EEUU) anunció en su blog corporativo el lanzamiento de Twitter Blue, que dijo haber diseñado a partir de las peticiones que le llegaban de los propios internautas y que tiene un costo mensual de 4,49 dólares australianos o 3,49 dólares canadienses (ambas cantidades representan algo menos de 3 euros).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha vuelto a topar con la Audiencia Nacional en su ofensiva contra el conocido como 'cártel de la basura' y busca ahora la vía del Tribunal Supremo como último recurso.

La Audiencia ha tumbado recientemente el segundo intento de Competencia de castigar a las participantes de ese supuesto cártel. El organismo decidió volver a expedientar a las presuntas infractoras, entre ellas algunas de las mayores constructoras de España, tras anular la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia hace tres años las sanciones de un primer expediente incoado en julio de 2013.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha reducido su comité de dirección de nueve a seis miembros. La reestructuración de la cúpula llega pocas semanas después de que Javier García del Río entre como nuevo presidente.

Según ha informado en un comunicado, el objetivo de la nueva estructura directiva es "mejorar la rentabilidad de la cartera, minimizar los gastos y obtener los máximos ingresos para, de esta forma, amortizar el mayor volumen posible de la deuda viva avalada por el Estado".