El Ayuntamiento de Barcelona ha dado este martes un ultimátum a las plataformas turísticas y les ha avisado de que, si en un mes y medio no se limitan a anunciar los 9.600 pisos turísticos legales que hay en la ciudad, volverá a la vía de la sanción que recoge el marco legal.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo, Infraestructuras y Movilidad, Janet Sanz, y el concejal de Turismo e Industrias Creativas, Xavier Marcé lo han explicado en rueda de prensa tras una reunión con los representantes de Apartur y de las plataformas Airbnb, Boooking y Homeaway.

Janet Sanz ha asegurado que "ninguna" de las plataformas cumple "al 100 %" con los protocolos establecidos por el Ayuntamiento para combatir la ilegalidad y con la legislación que regula los pisos turísticos, y ésto el consistorio "no puede tolerarlo".

El Gobierno ha llegado a un consenso con la Comisión Europea (CE) para fijar los objetivos de estabilidad -déficit y deuda pública- que España tendrá que cumplir en el periodo 2020-2023, según han indicado fuentes del Ejecutivo, que no han desvelado cuáles son estas metas.

Las mismas fuentes, que se han mostrado satisfechas, han destacado que se haya logrado un acuerdo para la senda de estabilidad de los próximos cuatro años, en lugar de los tres habituales, lo que da cobertura para toda la legislatura.

Aunque no aclaran si los nuevos objetivos suponen una relajación de las metas anteriores, el Ejecutivo ha insistido en diversas ocasiones en que la senda vigente no se correspondía con la situación económica actual.

El exjefe de seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo ha explicado este martes en la Audiencia Nacional que uno de los 17 contratos que suscribió la eléctrica con una empresa de Villarejo respondió a su necesidad de conocer la fiabilidad de un socio con el que la compañía iba a emprender un gran proyecto de renovables en Rumanía. Asenjo ha dicho, según fuentes jurídicas, que el Centro Nacional de Inteligencia suministra ese tipo de información a las grandes empresas españolas cuando invierten en el extranjero, pero que el ingreso de Rumanía en la Unión Europea había motivado que el servicio de Inteligencia no elaborara ya ese trabajo sobre el terreno.

Madrid, 4 feb (EFE).-Las reclamaciones contra las compañías suministradoras de gas y electricidad presentadas por los consumidores superaron los 1,6 millones en 2018, un 9 % más que el año anterior, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La CNMC, en su informe sobre las reclamaciones planteadas por los consumidores a las comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica y gas natural durante 2018, apunta que el 72 % de estas reclamaciones correspondieron al sector de la electricidad y el 28 % restante al de gas natural.

La mitad de las reclamaciones presentadas por los consumidores fueron por discrepancias en las lecturas con las compañías de suministro, seguidas de las disputas sobre la facturación y cobro.

El impuesto sobre el carbono que se aplica en Francia se ha mostrado útil para reducir las emisiones del principal gas causante del efecto invernadero y ha tenido un impacto casi inocuo para el empleo industrial, según la OCDE.

En un estudio publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que a un nivel de 44,6 euros por tonelada de dióxido de carbono (CO2) en 2018, el impuesto francés ha supuesto un aumento del 10 % del precio de la energía y eso ha provocado una reducción del 6 % del consumo en la industria entre 2013 y 2018.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha dirigido hoy una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reclamar el pago de los 80 millones adeudados a la Comunidad correspondientes al IVA de diciembre de 2017, y ha anunciado la puesta en marcha de "acciones legales" en caso de no realizarse el pago.

Lambán, que ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación tras la inauguración del aparato de resonancia magnética instalado en el Hospital San Jorge de Huesca, ha resaltado que no llevar la reclamación a la vía judicial si no se produce el pago sería "una dejación de responsabilidades por nuestra parte absolutamente imperdonable".

Todos los partidos políticos, salvo Vox, han apoyado este martes de manera unánime en el Parlament balear la validación del decreto ley del Govern para poner fin al turismo de excesos y borracheras en tres zonas turísticas de las Islas Baleares, y el balconing en todos los hoteles del archipiélago.

En concreto, este decreto ley prohíbe en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de Sant Antoni de Ibiza el llamado turismo de borrachera y excesos y contempla la expulsión de cualquier hotel de las islas de los turistas que practiquen el balconing, que se enfrentan al pago de multas de hasta 60.000 euros.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado este martes tras el consejo de ministros que se reunirá con el sector de la gran distribución (Mercadona, Carrefour, Lidl, etc)  para que "contribuya a valorizar el trabajo de los agricultores, que están preocupados las campañas publicitarias que llegan a decir que el futuro es la espiral de las rebajas. No nos podemos permitir la pérdida de valor económico del campo español".

Planas ha destacado que buena parte del problema es estructural y vienen definidos por la "dispersión de la oferta respecto a la concentración de la compra en la distribución". "Tenemos en España 800.000 productores y 4.000 cooperativas, somos el cuarto país de producción agroalimentaria de Europa, pero no hay ninguna cooperativa española entre las 50 principales de la UE.

Del total de ventas, tres cuartas partes fueron exportaciones a 188 países, tras registrar un crecimiento del 3%, hasta alcanzar una cifra récord en el sector pese al crecimiento de las barreras comerciales y "obstáculos al comercio" que encuentran las empresas a la hora de vender sus productos en determinados mercados.

En este sentido, el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu, explica que el aumento general del proteccionismo, los conflictos comerciales sin resolver, las dudas sobre el Brexit o los problemas en las economías de mercados clave "son factores que limitan la capacidad exportadora". No obstante, España sigue siendo el primer exportador en volumen de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial.

BBVA pone el foco en los más jóvenes y ofrece a los clientes nuevos de entre 18 y 29 años que contraten una cuenta joven a través de la "app" o la web del banco acceder a una promoción con la que obtienen gratuitamente durante un año el Carné de Estudiantes Internacional (ISIC), con descuentos en todo el mundo.

A los que ya son clientes de BBVA, les da la posibilidad de solicitar el carné ISIC por siete euros al año, dentro de una iniciativa que la entidad, según explica en un comunicado, enmarca en su "continuo apoyo" a los jóvenes en su educación e internacionalización.